Si bien las condenas por prevaricación no son habituales, en los últimos tiempos hemos podido ver en los medios de comunicación algunos casos en los que se discutía la comisión de este delito por parte de algunos jueces.

Así ocurrió, a finales del año pasado, cuando el juez de familia de Sevilla, Francisco Serrano, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por “prevaricación culposa” (no dolosa) al omitir varios trámites procesales y, más recientemente, en las causas abiertas contra juez titular del Juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Aprovechamos la última sentencia (STS 27/02/2012) dictada por el Tribunal Supremo sobre Baltasar Garzón, en el que se le absuelve del delito en la investigación de los denominados «juicios de la verdad» (sobre los crímenes del franquismo), para ver los requisitos que deben darse para que se de este delito y que son recogidos en los fundamentos de la misma sentencia.

¿Cuando se comete?

El delito de prevaricación lo puede cometer cualquier funcionario público que dicte una resolución arbitraria en asunto administrativo a sabiendas de su injusticia.  Su fundamento se encuentra en el “recto y normal funcionamiento de la Administración, con sujeción al sistema de valores instaurado por la Constitución”,

No debe confundirse el simple error judicial o la discrepancia sobre el contenido de la sentencia, con la prevaricación.

¿Qué requisitos deben darse?

Los elementos que deben darse en la prevaricación judicial los recoge, entre otras, la referida sentencia sobre el juez Baltasar Garzón, sentencia del Tribunal Supremo de 27/02/2012, en su fundamento de Derecho Séptimo:

SÉPTIMO.- Abordamos, a continuación, la subsunción de los hechos objeto de la acusación en el delito de prevaricación judicial del art. 446 del Código penal. La jurisprudencia de esta Sala es clara y constante en la interpretación de su contenido típico. Ya dijimos en la STS 308/2009, de 23 de marzo, que los elementos constitutivos de esta infracción penal eran los siguientes:

 1º. Sujeto activo ha de ser un juez o magistrado.  Se trata, por lo tanto de un delito especial propio, al referir como autor del delito a un sujeto especialmente calificado.

 2º. El medio de comisión consiste en dictar una sentencia o resolución injusta. Tal injusticia puede derivar de razones de fondo y también existirá cuando haya importantes defectos de forma o procedimiento. 

3º. El elemento subjetivo de este delito viene recogido en la expresión «a sabiendas» que ha de referirse a la injusticia de la propia resolución, es decir, requiere que el funcionario judicial conozca, bien que hay una oposición al ordenamiento sustantivo, bien que se viola alguna o algunas normas importantes de procedimiento: ha de actuar con el conocimiento pleno de la realidad de esa injusticia.

En la interpretación de la injusticia de la resolución esta Sala ha acudido a una formulación objetiva de manera que, como dijimos en la STS  755/2007, de 25 de septiembre, puede decirse que tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que  se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley (STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor (STS núm. 878/2002, de 17 de mayo) o cuando la resolución adoptada –desde el punto de vista objetivo– no resulta cubierta por ninguna interpretación de la Ley basada en cánones interpretativos admitidos (STS núm. 76/2002, de 25  de enero). Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que el sujeto activo del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del conflicto, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable.  

Son muchas las Sentencias de esta Sala que reproducen estos criterios básicamente expuestos, basta con citar la 627/2006, de 8 de junio, 102/2009, de 3 de febrero, y las importantes 2/99, de 15 de octubre, 2338/2001, de 27 de noviembre y 359/2002, de 26 de febrero ….

… En la reciente Sentencia de esta Sala, STS 79/2012, de 9 de febrero, recaída en un proceso inmediato anterior al presente y contra el mismo acusado, hemos expuesto y reiterado nuestra interpretación del delito de la prevaricación con explicación detallada de los supuestos en los que ha sido subsumida la tipicidad de la prevaricación, destacando cómo la esencia de la misma no es la contradicción al Derecho, sino la arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, el abuso de la función, en definitiva, la infracción del deber. 

 En esta jurisprudencia destacamos los dos elementos de la prevaricación. Desde una formulación objetiva la esencia del delito de prevaricación radica en el quebrantamiento del Derecho cuando la aplicación del mismo no resulta objetivamente sostenible, exigiéndose una indudable infracción del Derecho. De esta manera, allí donde caben varias conductas y decisiones objetivamente sostenibles o donde existen dudas fundadas, no buscadas, en la interpretación del Derecho, la elección de una u otra de estas interpretaciones posibles -independientemente de la convicción del juez- no dará lugar a una acción prevaricadora, dado que el juez se habrá mantenido  dentro de lo jurídicamente aceptable. El otro elemento, el subjetivo del tipo aparece integrado por la expresión «a sabiendas» es decir la conciencia, o la indiferencia, de estar dictando una resolución con  total abandono del principio de legalidad y de unas interpretaciones usuales y admisibles en Derecho en aquellos casos en los que la norma puede ser susceptible de diversas interpretaciones. Estos  elementos deben ser puestos en relación con la condición del juez técnico en Derecho y por  tanto conocedor del Derecho y de la ciencia jurídica.

¿Cuáles son las penas?

El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:

1. Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
2. Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por falta.
3. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

Cabe que la prevaricación del Juez se entienda como culposa (no intencionada), en cuyo caso, el Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.