La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE nº 313 de 29 de diciembre de 2004) consagra y garantiza, a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género, una serie de derechos laborales y de Seguridad Social, con la finalidad de que puedan conciliar sus obligaciones laborales con sus necesidades de protección y recuperación integral.

Asimismo, ha puesto en marcha medidas de apoyo a los empresarios para minimizar el coste del ejercicio de estos nuevos derechos por parte de las mujeres trabajadoras… continuar leyendo »»

Legalmente se prevén dos posibilidades para tramitar una separación o divorcio: de mutuo acuerdo o contencioso.

Las ventajas de realizarlo de mutuo acuerdo son evidentes:

Ambas partes pueden ir representadas por el mismo Abogado y Procurador, lo cual supone un abaratamiento de los costes.
El tiempo de obtención de la sentencia se reduce considerablemente, siendo el plazo de resolución,  en la mayoría de las ocasiones, inferior a los tres meses.
En ocasiones, en el mismo momento de ratificación del Convenio en el Juzgado, ya se obtiene la sentencia.
El propio Juzgado inscribe el Divorcio… continuar leyendo »»

Producida la ruptura matrimonial, lo habitual es que ambos cónyuges mantengan la patria potestad, pero sólo uno de ellos (salvo en los supuestos de custodia compartida), tendrá la guarda y custodia.

La patria potestad alude al conjunto de derechos y deberes que la Ley concede a los padres sobre la persona y bienes de los hijos, y supone el deber de velar por los hijos y tomar las decisiones elementales para ellos.

No obstante, el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes… continuar leyendo »»

La orden de protección es un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica y/o de género frente a todo tipo de agresiones. Para ello, la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y de naturaleza civil, y activa al mismo tiempo los mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de la víctima por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Esto es, la orden de protección unifica los distintos instrumentos de protección a… continuar leyendo »»

El art. 29 del Código Civil dispone que “el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables…”

La pensión de alimentos es un efecto favorable por lo que cabe que se establezca siempre que el reconocimiento se condicione al posterior nacimiento.

De esta forma se recoge en  la Sentencia de la AP Pontevedra de 29 de febrero de 2000 al señalar que: ” … el precepto es plenamente aplicable al presente caso pues se trata de un concebido, la concesión de alimentos es sin duda un efecto

La ley no fija una cuantía de la pensión alimenticia por lo que el importe será fijado por el juez atendiendo a los ingresos de cada uno de los progenitores y de las necesidades del los hijos. Para ello se hace preciso el análisis de la posición laboral y económica de los progenitores.

Las tablas estadísticas para el cálculo de la pensión tienen carácter meramente orientativo y no vinculan a los órganos jurisdiccionales, al carecer de refrendo legislativo.

Así lo señala la sentencia de la Audiencia Provincial de  Málaga, Sec. 6.ª, 281/2007, de 9 de mayo al rechazar la… continuar leyendo »»

El artículo 142 del Código Civil señala que “se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”.

Por su parte, la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia de Cataluña, indica en su artículo 259 que “se entiende

El Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de diciembre de 2010 publicaba el Reglamento (UE) Nº1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

La norma permite a las parejas internacionales (es decir, aquellas en las que los cónyuges son de nacionalidades diferentes, residen en Estados miembros diferentes o en un Estado miembro del que al menos un cónyuge no tiene la nacionalidad) elegir la ley a aplicar en caso de divorcio, siempre que sea… continuar leyendo »»