El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges hayan pactado en capitulaciones matrimoniales. En aquellos casos en los que no existan capitulaciones, será el que se fije por defecto.

Para determinar este último, en determinados supuestos surge la duda de determinar el régimen aplicable cuando el lugar de celebración es diferente al de la residencia anterior o posterior de los cónyuges.

El artículo 9.2 del Código Civil señala que “los efectos del matrimonio se regirán por la Ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta Ley, por la Ley personal

Si bien las condenas por prevaricación no son habituales, en los últimos tiempos hemos podido ver en los medios de comunicación algunos casos en los que se discutía la comisión de este delito por parte de algunos jueces.

Así ocurrió, a finales del año pasado, cuando el juez de familia de Sevilla, Francisco Serrano, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por “prevaricación culposa” (no dolosa) al omitir varios trámites procesales y, más recientemente, en las causas abiertas contra juez titular del Juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

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Tras la aprobación de la Constitución de 1978, se eliminó la distinción entre la filiación matrimonial y la no matrimonial, adaptándose así a los nuevos valores de la sociedad. No obstante, sigue utilizándose este criterio en los procesos de filiación como medio para su determinación, pero no así por sus efectos, que son los mismos.

Para acreditar la filiación el medio fundamental es la inscripción en el Registro Civil, aunque también puede probarse por sentencia firme como resultado de un procedimiento judicial de filiación o por la presunción de paternidad matrimonial. En defecto de los anteriores, la filiación puede adverarse por la posesión

El art. 235 LOPJ dispone que los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley. La publicidad de las actuaciones judiciales también es, en principio, predicable de las sentencias. Incluso puede afirmarse que las sentencias están sometidas a una mayor accesibilidad que otros documentos judiciales.

No obstante, la Instrucción 1/2007 de la Fiscalía General del Estado se hace eco de una Recomendación formulada por el Defensor del Pueblo en ejercicio de las facultades que éste tiene encomendadas en virtud del art. 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de… continuar leyendo »»

El Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala primera de 6 de octubre de 2011, estima una demanda de desahucio por precario afirmando que la mera convivencia en pareja, no otorga ningún título a la conviviente para ocupar un inmueble propiedad del otro.

El resumen de los hechos son los siguientes:

D. Rodolfo y D.ª Modesta habían convivido como pareja en la vivienda comprada por D. Rodolfo.
Una vez finalizada la convivencia, D.ª Modesta estuvo ocupándola sin pagar renta de ninguna clase.
Unos años después del cese de la convivencia, D. Rodolfo, después de requerir… continuar leyendo »»

El derecho a la intimidad es un derecho fundamental al amparo de lo previsto en el art. 18 Constitución Española.

Es también un derecho personalísimo, y como tal se reconoce a los menores de edad. Así, el art. 4.1 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor dispone que ”los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen“, por lo que, al igual que ocurre con los mayores de edad, tienen derecho a la protección de todos aquellos hechos relativos a su vida privada que pueda afectar a su reputación y… continuar leyendo »»

Hace unos días ya hacíamos referencia a esta compensación cuando hablabamos del régimen de separación de bienes. Exclusivamente para este régimen, el artículo 1438 del Código Civil contempla la posibilidad de que el trabajo para la casa realizado por uno de los cónyuges de derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del mismo.

Esta cantidad es independiente de la posible pensión compensatoria a la que pueda tener derecho; se fija única y exclusivamente por el tiempo dedicado en la realización de las tareas… continuar leyendo »»

A excepción de Cataluña, Baleares, Vizcaya, Aragón, Navarra y Valencia, para optar por este régimen es necesario renunciar al de gananciales a través de capitulaciones matrimoniales, por medio de escritura pública, inscrita en el Registro Civil y en el Registro de la Propiedad cuando recayese sobre bienes inmuebles, o bien que se produzca una separación del matrimonio, con la subsiguiente disolución de la sociedad de gananciales.

Así, en el Derecho Civil Común, cuando una pareja contrae matrimonio se aplica por defecto el régimen de la sociedad de gananciales, por lo que sólo se aplica el régimen… continuar leyendo »»